Con la modificación a la Constitución del 26 de enero de 2010, se declaró a la República Dominicana como un Estado social y democrático de Derecho, y de la misma forma, fueron introducidos derechos procesales que por su naturaleza inciden en todas las materias, incluida la laboral. De ahí la importancia de retomar el estudio de la disciplina del Derecho Procesal Laboral desde una perspectiva más amplia, tomando la dignidad de la persona humana como fuente esencial de todos los derechos fundamentales, incluyendo el Derecho de Trabajo.

Atendiendo a tales enunciados y, tomando en consideración que los tribunales laborales tienen por finalidad el reconocimiento de los derechos laborales contenidos en nuestra Constitución, se hace necesario que tanto jueces, juezas, abogadas/os ayudantes, empleadas/os del Poder Judicial, así como los miembros de la Comunidad Jurídica, conozcan los mecanismos y procedimientos que posibilitan tal reconocimiento, sobre la base de la protección del derecho de defensa y la dignidad de las y los litigantes involucradas/os.

Con la modificación a la Constitución del 26 de enero de 2010, se declaró a la República Dominicana como un Estado social y democrático de Derecho, y de la misma forma, fueron introducidos derechos procesales que por su naturaleza inciden en todas las materias, incluida la laboral. De ahí la importancia de retomar el estudio de la disciplina del Derecho Procesal Laboral desde una perspectiva más amplia, tomando la dignidad de la persona humana como fuente esencial de todos los derechos fundamentales, incluyendo el Derecho de Trabajo.

Atendiendo a tales enunciados y, tomando en consideración que los tribunales laborales tienen por finalidad el reconocimiento de los derechos laborales contenidos en nuestra Constitución, se hace necesario que tanto jueces, juezas, abogadas/os ayudantes, empleadas/os del Poder Judicial, así como los miembros de la Comunidad Jurídica, conozcan los mecanismos y procedimientos que posibilitan tal reconocimiento, sobre la base de la protección del derecho de defensa y la dignidad de las y los litigantes involucradas/os.